Prevalencia Del Derecho Internacional Sobre El Derecho Interno

¿Cuáles son los fundamentos jurídicos desde el derecho internacional y derecho interno por lo cual Orden de tribunal internacional prevalece sobre principios constitucionales internos de los estados partes?

Los fundamentos jurídicos sobre el cual el derecho internacional prevalece sobre principios constitucionales de los estados partes son los siguientes:

En el caso de Colombia, la Corte suprema de Justicia ha desarrollado el tema de la supremacía del derecho internacional sobre el derecho interno a través del “caso de los 19 comerciantes Vs. Colombia”. Ya que la Corte IDH resolvió el caso en contra de Colombia ordenándole la revisión del caso, se vio enfrentada la obligatoriedad de las decisiones judiciales de la Corte IDH y los principios constitucionales de Colombia como el Principio de Cosa juzgada y de Favorabilidad.

La CSJ le dio prevalencia a la obligatoriedad de la decisión pasando “por encima” de los principios constitucionales anteriormente señalados, sus argumentos fueron los siguientes: “La Corte Suprema concluyó que los fallos de la Corte IDH son de obligatorio cumplimiento por parte del Estado colombiano, de manera que no puede haber argumentos válidos para desconocerlos”

Como en el caso se tocaban derechos humanos de carácter internacional ratificados por el Estado Colombiano, “se tendrá que matizar los principios constitucionales favorables para los procesados” señalo la CSJ. Con el principio de la Cosa juzgada, la CSJ argumento que la cosa juzgada no es absoluta, que en algunos casos se relativiza, como ocurrió en este, para poder hacer efectiva la decisión de la Corte IDH. Con el principio de favorabilidad la CSJ dijo “Con respecto al principio de favorabilidad, la corte señaló que, si bien la causal de revisión invocada no estaba vigente al momento en el que se cometieron los delitos (1987), para esa fecha ya estaba vigente la Convención Americana de Derechos Humanos, que les impone a los Estados la obligación de respetar los derechos contemplados en ella e investigar y sancionar sus vulneraciones”

Además de los argumentados por la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional en su Sentencia C-067/03. Se Pronuncia sobre la prevalencia del derecho internacional sobre los principios constitucionales internos. El siguiente texto es tomado exactamente de dicha sentencia:

“El hecho de que las normas que integran el bloque de constitucionalidad tengan jerarquía constitucional hace de ellas verdaderas fuentes de derecho, lo que significa que los jueces en sus providencias y los sujetos de derecho en sus comportamientos oficiales o privados deben atenerse a sus prescripciones. Así como el preámbulo, los principios, valores y reglas constitucionales son obligatorios y de forzoso cumplimiento en el orden interno, las normas del bloque de constitucionalidad son fuente de derecho obligatoria para todos los asociados”

Norberto Bobbio, gran tratadista menciona, que:

“Dado el rango constitucional que les confiere la carta, las disposiciones que integran el bloque superior cumplen la cuádruple finalidad que les asigna Bobbio, a saber, servir de i) regla de interpretación respecto de la dudas que puedan suscitarse al momento de su aplicación; ii) la de integrar la normatividad cuando no exista norma directamente aplicable al caso; iii) la de orientar las funciones del operador jurídico, y iv) la de limitar la validez de las regulaciones subordinadas”

Entonces de lo anterior se deduce que, la legislación interna del Estado Colombiano debe acondicionar su contenido al del derecho internacional. Siendo esto así, toda decisión de la Corte IDH es obligatoria para Colombia ya que esta ha sido ratificada a través de la Convención Interamericana de derechos humanos. A través del Bloque de constitucionalidad consagrado en el art. 93 de la C.N los derechos fundamentales prevalecen en el orden interno, y siendo las decisiones de la Corte IDH protectoras de derechos humanos prevalecen sobre el derecho interno colombiano e incluso sobre sus principios.

En sentencia C-225 de 1995 de la Corte Constitucional se establece que “la imperatividad de las normas humanitarias y su integración en el bloque de constitucionalidad implica que el Estado colombiano debe adaptar las normas de inferior jerarquía del orden jurídico interno a los contenidos del derecho internacional humanitario, con el fin de potenciar la realización material de tales valores”.

No solo en materia penal el derecho internacional prevalece sobre el interno y sobre sus principios, como ejemplo de la supremacía de aquel sobre el interno, lo tenemos en la rama laboral. En sentencias de la Corte Constitucional se establece que el ordenamiento interno debe guardar armonía con los convenios de la OIT.

“Colombia es miembro de un gran número de organizaciones internacionales que buscan la protección y garantía de los derechos humanos - entre ellas, la OIT-; las obligaciones que ha contraído en ese ámbito son exigibles por partida triple: pueden reclamarlas Organizaciones como tales (en virtud del tratado constitutivo), los Estados y, lo más importante, los individuos, como se explicó anteriormente. En cualquiera de los casos es el Estado el llamado a corregir lo que, en su orden interno, contradiga el propósito y fin de los acuerdos internacionales, y él es responsable por el cumplimiento del tratado en todo el territorio.”

Siendo las normas que integran el bloque de constitucionalidad, verdaderas normas constitucionales, todo el ordenamiento jurídico debe obediencia a dichas normas incluyendo a los principios constitucionales. Así lo establece la Corte Constitucionalidad: 

“Ahora bien, es claro que si los preceptos, principios y valores contenidos en el bloque de constitucionalidad irradian el texto de la normatividad interna y obligan a las autoridades a acondicionarla a sus disposiciones, también las decisiones judiciales tienen que guardar similar obediencia. Así entonces, no sólo el productor del derecho positivo, sino también el ejecutor de la norma y su intérprete autorizado, están compelidos a seguir los lineamientos del bloque de constitucionalidad, ya que en dicha sumisión reside la validez jurídica de sus actuaciones”

Como prevalencia de las decisiones judiciales de las cortes internacionales sobre el orden interno de Colombia la Corte Constitucional se ha pronunciado al respecto:

“El poder del Estado no es, pues, en el ámbito de la comunidad internacional, ilimitado, sino que está sometido a los compromisos contraídos a la luz de las normas del derecho internacional, el cual presenta, entre otras particularidades las siguientes:

…c) Como los individuos no son los sujetos, propiamente hablando, del derecho internacional público, sino los Estados, para los ciudadanos las instancias del Estado del cual son súbditos, son las últimas y la Constitución la suprema norma jurídica. El poder del Estado prima en el interior, esto es, frente a los súbditos; el Estado es así soberano en su jurisdicción, de manera que para los súbditos es la última instancia.

La soberanía del Estado implica una facultad de autodeterminación limitada por el derecho internacional, en el orden positivo, en cuanto a su relación con otros Estados, lo cual no contradice la potestad interna que el Estado tiene sobre sus súbditos. Es, pues, una soberanía subordinada por el derecho internacional en el aspecto externo, pero que es suprema en el orden interno. Son dos aspectos diferentes. Es decir, se refiere a la supremacía del orden estatal en el interior, y su subordinación al derecho internacional en el exterior, sin que esto implique la negación del principio del ius gentium relativo a la autodeterminación de los pueblos.”

Podemos, con mucha claridad, ver el fundamento de la prevalencia de las ordenes de los tribunales internacionales, el cual puede ser la subordinación de la soberanía del Estado al derecho internacional, lo que trae, per se, la prevalencia de dichas órdenes; este concepto emitido por la corte nos demuestra que así como los tratados ratificados en Colombia prevalecen sobre el orden interno en virtud del artículo 93, las ordenes de las cortes también prevalecen, en virtud de que el reconocimiento de las jurisdicciones se acepta a través de convenios.

No solo las altas cortes colombianas se han pronunciado sobre el tema, también lo hacen los tribunales superiores del distrito judicial, como es el caso del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, en un foro realizado por este titulado “De la prevalencia de los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos en el Ordenamiento Jurídico Interno”. Se traslada la parte más importante de dicho foro tratando sobre la Supraconstitucionalidad en su punto 5.1 para no desnaturalizar su contenido:

“En el evento de la supra constitucionalidad del Derecho Internacional no sólo el sustrato filosófico del tratado sobre derechos humanos se encuentra por encima de la constitución y por tanto de todo el ordenamiento jurídico interno del Estado parte, sino que también ocurre lo propio con todos los preceptos del tratado. Por tanto, en caso de confrontación entre un precepto de la constitución o cualquier norma del ordenamiento jurídico interno de un Estado con el sustrato filosófico del tratado sobre derechos humanos ora con cualquier precepto del mismo, prima la norma internacional y aquél sustrato filosófico surgiendo la invalidación de las normas de orden interno que contrarían al tratado y su sustrato filosófico, o la armonización de las normas del ordenamiento jurídico interno siguiendo los parámetros del Tratado; estos dos efecto sin validez o armonización dependen de cómo lo haya consagrado la constitución del respectivo Estado.

En derecho comparado el primer efecto de la primacía de los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos relacionado con la invalidación de los preceptos del orden interno, sólo se presenta con la constitución Guatemalteca que en su artículo 46 preceptúa:

Artículo 46: Preeminencia del Derecho Internacional. Se establece que en principio general de que en materia de derechos humanos, los tratados y convenios aceptados y ratificados por Guatemala tienen preeminencia sobre el derecho interno.

Como se puede observar el canon no excluye a la constitución, por tanto se puede predicar una cotización de los Tratados sobre derechos humanos en la que estos se encuentran por encima de esta y en rigor de todo el ordenamiento jurídico interno. Sobre la supra constitucionalidad con efecto de armonización en derecho comparado encontramos el artículo 10 de la constitución española que preceptúa: 

Artículo 10: La dignidad de las personas, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social.

Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre la misma materia ratificados por España. Como se puede observar, el inciso2º de la norma en comento establece una Supra constitucionalidad de los Tratados sobre derechos humanos al señalar que las leyes y normas internas deben armonizar con los tratados para cobrar vigencia o para ser aplicadas en los casos concretos. En otras palabras el efecto interpretativo de las normas internas debe operar a favor del sustrato filosófico del Tratado Internacional ora de sus preceptos”

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BIBLIOGRAFIA

• Ambito Jurídico . (s.f.). Corte Suprema reabrió investigación contra militares retirados, por mandato de la Corte IDH. 1-2. Publicado en la edición No. 245 de Ámbito Jurídico, cuya fecha de circulación fue marzo 17 al 6 de abril de 2008.

• Base de Dato Multilegis. (s.f.). Recuperado el 06 de Abril de 2013, de Sentencia C- 276 de 1993. M. P. Valdimiro Naranjo Meza:

http://ezproxy.unicartagena.edu.co:2181/NXT4/frmMainContainer.aspx?Path=jurcol_759920414dbef034e0430a010151f034&obra=jurcol&contexto=jurcol_759920414dbef034e0430a010151f034&proviene=busqg&q=supremacia%20derecho%20internacional%20&fnpipelines=doc_highlight

• Bobbio , Norberto. (s.f.). Procuraduria. Recuperado el 06 de Abril de 2013, Cita de la Sentencia C-067/2003: 

http://www.procuraduria.gov.co/guiamp/media/file/Macroproceso%20Disciplinario/Providencias/03-C-067.htm#_ftn8

• Fonseca Lidueña, Carlos Milton. (s.f.). Foro titulado "De la prevalencia de los Tratado sInternacionales sobre Derechos Humanos en el Ordenamiento Juridico Interno". Recuperado el 06 de Abril de 2013, de Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta: 

http://www.tribunalsuperiordesantamarta.gov.co/Foro/De-la-prevalencia-de-los-Tratados-Internacionales-sobre-Derechos-Humanos-en-el-Ordenamiento-Juridico-Interno.html

• Sentencia C-067 de 2003. M.P. Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra. (s.f.). Recuperado el 06 de Marzo de 2013, de Procuraduria: 

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• Sentencia C-225 de 1995. M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero. Procuraduria. Recuperado el 06 de Abril de 2013, Cita de la Sentencia C-067/2003: 

http://www.procuraduria.gov.co/guiamp/media/file/Macroproceso%20Disciplinario/Providencias/03-C-067.htm#_ftn8

• Sentencia C-568 de 1999 M.P. Dr. Carlos Gaviria Diaz. Procuraduria. Recuperado el 06 de Abril de 2013, Cita de la Sentencia C-067/2003: 

http://www.procuraduria.gov.co/guiamp/media/file/Macroproceso%20Disciplinario/Providencias/03-C-067.htm#_ftn8

Batería De Interrogantes Sentencia C - 400 De 1998

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN

1. Planteamiento De La Corte Constitucional En Cuanto A La No Absolutización Del Derecho Internacional
2. ¿Qué Establece La Corte Constitucional Sobre La Prevalencia Del Derecho Constitucional Sobre Los Tratados Y Cuales Son Las Dos Excepciones Planteadas?
3. Tesis De La Integración Dinámica
4. ¿Cómo Aborda La Sentencia El Control Constitucional?
5. ¿Cómo Aborda La Sentencia El Principio De Pacta Sunt Servanda?
6. Planteamiento De Una Situación En Donde Se Evidencia La Aplicación De La Decisión De La Sentencia C- 400/98 De La Corte Constitucional

7. Resumen Sobre La Doctrina Que Sostiene La Corte Constitucional En La Sentencia C- 400/98

BIBLIOGRAFÍA

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo cuenta con la resolución de preguntas asignadas a cada grupo, con el fin de estudiar de manera eficaz y didáctica la sentencia de la Corte Constitucional Colombiana, C-400/98. Se trata de una sentencia que desarrolla un tema muy importante del Derecho Internacional en cuando a la aplicación de este en el orden interno.

La Corte hace un control constitucional sobre la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados Internacionales o entre Organizaciones Internacionales, haciendo uso de sus competencias para conocer de dicho tema. 

Además, la batería cuenta con respuestas sobre temas dados en clase como lo es el Principio Pacta Sunt Servanda, propio del derecho internacional, viéndolo desde el punto de vista de la Corte Constitucional y su aplicación en el orden interno.

BATERÍA DE INTERROGANTES PARA RESOLVER CON BASE EN LA SENTENCIA C-400 DE 1998

1. ¿Cuál es el planteamiento de la corte constitucional en cuanto a la no absolutización del derecho internacional? 

2. ¿Qué establece la corte constitucional sobre la prevalencia del derecho constitucional sobre los tratados y cuáles son las dos excepciones planteadas?

3. ¿En qué consiste la tesis de la integración dinámica? 

4. ¿Cómo aborda la sentencia el control constitucional? 

5. ¿Cómo aborda la sentencia el principio pacta sunt servanda?

6. Hagan un planteamiento de una situación en que se pueda evidenciar la aplicación de esta decisión de la corte constitucional. 

7. Escriba un resumen de no más de 300 palabras sobre la doctrina que sostiene la corte constitucional sobre esta sentencia. 

DESARROLLO

1. PLANTEAMIENTO DE LA CORTE CONSTITUCIONAL EN CUANTO A LA NO ABSOLUTIZACIÓN DEL DERECHO INTERNACIONAL

La Corte precisa que el principio Pacta sunt servanda, si bien es uno de los fundamentos esenciales del derecho internacional, no debe ser absolutizado pues la propia normatividad, así como la doctrina y la jurisprudencia internacionales reconocen que, en determinados casos, esta norma cede ante otros principios, y por ende un sujeto internacional puede dejar de cumplir las obligaciones derivadas de un tratado sin por ello incurrir en responsabilidad internacional. Así, como se verá posteriormente en esta sentencia, tanto Viena I como Viena II prevén que en determinadas hipótesis y después de ciertos procedimientos, se puede declarar la nulidad, la terminación o la suspensión de un tratado, por lo cual, en tales casos, el Estado o la organización internacional, según el caso, no se encuentran jurídicamente obligados a cumplir las cláusulas del mismo, puesto que éstas han dejado de serles aplicables. En ese mismo orden de ideas, la doctrina y la jurisprudencia también han admitido que en otras hipótesis excepcionales, un tratado puede mantener su vigencia pero un Estado puede incumplirlo sin comprometer su responsabilidad internacional por existir una causa justificadora que excluye la ilicitud del comportamiento estatal. Tal es el caso, por ejemplo, del estado de necesidad, circunstancia que justifica que un Estado desconozca un compromiso internacional a fin de salvaguardar un interés esencial amenazado por un grave e inminente peligro.

2. ¿QUÉ ESTABLECE LA CORTE CONSTITUCIONAL SOBRE LA PREVALENCIA DEL DERECHO CONSTITUCIONAL SOBRE LOS TRATADOS Y CUALES SON LAS DOS EXCEPCIONES PLANTEADAS?

Si bien es cierto que, en consonancia con el principio Pacta sunt servanda, los Estados y las organizaciones internacionales, no pueden invocar el derecho interno o las reglas de la organización para justificar el incumplimiento de un tratado, salvo en el caso de que se trate, de una violación manifiesta de una disposición fundamental de derecho interno relativa a la competencia para celebrar tratados. Esta disposición, regula entonces la compleja relación entre los compromisos internacionales de los Estados y las organizaciones internacionales, y el derecho interno de estos sujetos, y consagra en principio la llamada tesis monista con supremacía del derecho internacional, puesto que establece que, salvo en lo relativo a las reglas de competencia, las partes de un tratado no pueden invocar su derecho interno para incumplir sus obligaciones internacionales. Esto significa, aparentemente, que los tratados prevalecen sobre el derecho interno de los Estados, incluyendo sus constituciones, lo cual es contradictorio con la Constitución, pues esta dice que es norma de normas y que en caso de incompatibilidad entre ésta y cualquier otra norma jurídica, deben aplicarse las disposiciones constitucionales.

Ahora bien, como los tratados son normas, esto significa que, conforme al artículo 4º de la Carta, la Constitución prevalece sobre los tratados, con excepción de aquellos que reconocen derechos humanos y prohíben su limitación en estados de excepción, ya que éstos, forman parte del bloque de constitucionalidad. La Corte considera que, a pesar de la aparente contradicción, es posible armonizar los mandatos del artículo 4º constitucional y del artículo 27 de las convenciones de Viena, siempre y cuando se tenga en cuenta que, la Carta no consagra un constitucionalismo rígido, y que, la primacía de los tratados prevista por el derecho internacional no implica una invalidación automática de todas las normas internas contrarias a un convenio. 

Así que, si bien el artículo 9º de la Carta incorpora en nuestro ordenamiento el principio Pacta Sunt Servanda y confiere fuerza jurídica interna a la normatividad internacional, esto de ninguna manera puede llegar a afectar el carácter de norma suprema que tiene la Constitución, pues, como ya se ha reiterado por parte de esta Corporación, para que los tratados o convenios internacionales tengan fuerza jurídica interna es condición indispensable que sus normas no contraríen o vulneren los preceptos consagrados en nuestra Carta Política, pues en el caso de que tal cosa ocurriera las cláusulas transgresoras serían inaplicables.

Conforme a lo anterior, la Corte concluye que la Carta establece una clara prevalencia de la Constitución sobre los tratados, con dos excepciones: 

A. Aquellos que reconocen derechos humanos y prohíben su limitación en los estados de excepción, los cuales se integran al bloque de constitucionalidad. 

B. Los tratados de límites, puesto que éstos, conforme al artículo 102 de la Carta, son normas particulares pues representan elementos constitutivos del territorio nacional, y por ende del propio Estado colombiano. Este privilegio constitucional de los tratados de fronteras en nuestro ordenamiento constitucional no es casual, pues también el derecho internacional confiere una especial fuerza a los compromisos derivados de estos convenios, no sólo por su trascendencia en la delimitación misma de uno de los elementos constitutivos de los Estados, que siguen siendo los principales sujetos del derecho internacional, sino además porque la inestabilidad en las fronteras afecta peligrosamente la convivencia pacífica entre las naciones. 

3. TESIS DE LA INTEGRACIÓN DINAMICA. 

Para explicar en qué cosiste la tesis de la integración dinámica, inicia la Corte recordando que, en el plano interno, la Constitución prevalece sobre los tratados, por lo cual un convenio contrario a la Carta es inaplicable. Es justo gracias al monismo moderado, doctrinas coordinadoras o de la integración dinámica que se logra una armonía entre el derecho interno y el derecho internacional.

Es importante resaltar que la Corte desarrolla este inciso con el fin de demostrar que específicamente el artículo 27 de la convención motivo de estudio, no es contraria al ordenamiento jurídico colombiano, por dos motivos: el principio Pacta Sunt Servanda y que la supremacía de los tratados sobre los ordenamientos internos de los Estados no implica la invalidación automática de las normas internas contrarias a los compromisos internacionales. El dilema que subsiste es entonces, al momento de surgir oposición entre el ordenamiento interno y las norma internacionales, ¿debe el Estado violar la Constitución para no comprometer la responsabilidad internacional del Estado o, por el contrario, deben violar el tratado, con el fin de respetar el ordenamiento interno?

Conforme a la tesis de la integración dinámica entre el derecho internacional y el derecho interno, quedan solucionados los eventuales problemas que puedan surgir por contradicciones entre la Constitución y los tratados, o por los conflictos que deriven de sentencias de la Corte Constitucional que puedan entrar en contradicción con los compromisos internacionales del Estado colombiano.

Colombia, particularmente, debe promover el desarrollo de las relaciones internacionales y el respeto por los tratados ratificados, pues de lo contrario la responsabilidad internacional se vería comprometida al aplicar disposiciones internas contrarias a un tratado. Constitucionalmente está establecido el reconocimiento de los principios del derecho internacional y entonces el ordenamiento jurídico debe estar de acuerdo a estos.

4. ¿CÓMO ABORDA LA SENTENCIA EL CONTROL CONSTITUCIONAL?

En esta sentencia la Corte da un cambio jurisprudencial con relación a lo que ya se había planteado en jurisprudencias anteriores, dándoles más alcance a su competencia, es decir, haciendo un tipo de control constitucional que no se encuentra de manera perentoria en la Constitución sobre los tratados y sus leyes aprobatorias ya perfeccionados. 

Llegamos a esta conclusión viendo los argumentos que da la Corte en la sentencia tema de estudio, de la cual cita esos argumentos: 

El control material por la Corte Constitucional de las leyes aprobatorias de tratados ya perfeccionados soluciona el problema pues clarifica cuáles son las contradicciones normativas que existen en este campo. Además, ese control en manera alguna constituye una intromisión de la Corte en la competencia de los jueces internacionales, ya que una declaratoria de inconstitucionalidad de la ley aprobatoria de un tratado no afecta el vínculo internacional como tal, pues frente al derecho internacional esa sentencia no tiene ninguna validez jurídica sino que es un mero aspecto fáctico a ser considerado para evaluar si el Estado está o no cumpliendo sus compromisos internacionales.

Más adelante la Corte la Corte muestra un punto de vista claro de porque debe de abordarse el control constitucional aun después de haberse dado el perfeccionamiento del tratado y de la ley aprobatoria:

Así, una eventual declaración de inexequibilidad de una ley aprobatoria de un tratado ya perfeccionado no afecta el cumplimiento de las obligaciones internacionales por Colombia, por cuanto de todos modos el tratado inconstitucional es inaplicable. Por ende, es lógico concluir que un control constitucional de esas leyes no sólo preserva mejor la integridad de la Carta sino que incluso tiende a mejorar la seguridad jurídica y a fortalecer el cumplimento de los tratados por nuestro país pues la Corte podría establecer, con fuerza erga omnes, si existe o no incompatibilidad entre un tratado y la Constitución.

5. ¿CÓMO ABORDA LA SENTENCIA EL PRINCIPIO PACTA SUNT SERVANDA?

La Corte acoge el criterio según el cual el principio Pacta Sunt Servanda es norma fundamental y principio base de todo el sistema jurídico del derecho internacional, el cual establece que los tratados deben ser cumplidos por las partes que se obligaron.

Uno de los ejes de este principio es la buena fe, incluida además por sugerencia de la Comisión colombiana en la Conferencia de San Francisco. Su cumplimiento resulta de gran importancia para el Estado colombiano. Esto porque este principio de que Colombia debe cumplir de buena fe sus obligaciones internacionales tiene evidente sustento constitucional, en el artículo 83 de la Constitución Nacional.

Sin embargo, precisa la Corte que el principio Pacta Sunt Servanda no es absoluto y que tiene excepcionales justificaciones cuando se debe ceder ante otros principios en determinados casos.

Es claro entonces que el principio del que se habla, además de ser básico en el derecho internacional, es básico igualmente en el derecho interno y que asimismo cuenta con sustento constitucional, pero, como es usual de los derechos, valores y principios del Estado, tiene límites y excepciones en específicos casos.

6. PLANTEAMIENTO DE UNA SITUACIÓN EN DONDE SE EVIDENCIA LA APLICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA CORTE CONSTITUCIONAL EN LA SENTENCIA C-400/98.

El Presidente de la república, da aplicación provisional a un Tratado, sin haber sido este aprobado por el Congreso de la Republica ni revisado por la Corte Constitucional, que realizó con la Organización Internacional de Desarrollo Económico y Comercial, el cual compromete al Estado a someterse a los precios que deben pagar por los diferentes productos importados y exportados en el país fijados por dicha organización, con lo cual cambia los precios y busca incentivar la exportación de nuestros productos y traer nuevas mercancías que promuevan el desarrollo industrial. Luego de dar la aplicación provisional del Tratado, este es enviado al Congreso de la república para su aprobación, el cual da su consentimiento aprobándolo, siendo sancionado por el presidente y revisado por la Corte Constitucional, que lo considera acorde con la Constitución, lo cual permite que el Tratado tenga plena aplicación.

7. RESUMEN SOBRE LA DOCTRINA QUE SOSTIENE LA CORTE CONSTITUCIONAL SOBRE LA SENTENCIA C-400/98.

En el plano interno, la Constitución prevalece sobre los tratados, por lo cual un convenio contrario a la Carta es inaplicable. De otro lado, la doctrina y la jurisprudencia internacionales han reconocido que la supremacía de los tratados sobre los ordenamientos internos de los Estados no implica la invalidación automática de las normas internas contrarias a los compromisos internacionales, por cuanto, para los ordenamientos y jueces nacionales, esas disposiciones internas pueden seguir teniendo plena validez y eficacia, por lo cual son aplicables.

Esto significa que la propia práctica y la doctrina internacionales aceptan que un tratado puede ser válido ante el derecho internacional pero inaplicable internamente en un determinado Estado, por violar normas fundamentales del país en cuestión. Lo que le da paso a una doctrina que se ve en la actualidad y es el caso del “monismo moderado”, la cual la Corte utiliza para tomar una posición sobre la prevalencia del derecho interno sobre el externo.

Según varios autores el monismo moderado, que en el fondo tiene ciertas connotaciones dualistas moderadas, puesto que defiende una primacía indirecta del derecho internacional, la cual opera no por la vía de la nulidad de las normas internas contrarias a un tratado sino de la responsabilidad internacional de aquel Estado que invoca su derecho interno para incumplir las obligaciones derivadas de un tratado.

Manuel Díez de Velasco señala que si bien la actuación de normas internas contrarias a un tratado vigente engendran responsabilidad internacional, ello no quiere decir que "las normas internas contrarias al DI y las decisiones judiciales y administrativas que en ellas se hacen incurran en un vicio de nulidad automático" puesto que en la gran mayoría de los casos "y salvo disposición expresa en contrario, son plenamente eficaces y aplicables por los tribunales y autoridades internos, aunque engendren responsabilidad internacional".

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BIBLIOGRAFIA

Sentencia C- 400/98. M.P. ALEJANDRO MARTÍNEZ CABALLERO. (s.f.). Corte Constitucional. Recuperado el 06 de Mayo de 2013, de Corte Constitucional: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1998/C-400-98.htm